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Mujeres de organizaciones ante el reto de apropiarse de dirigencias

Mujeres de organizaciones ante el reto de apropiarse de dirigencias

Las organizaciones sociales en Bolivia son tradicionalmente espacios liderados y definidos por hombres. Después de seis años de promulgada la Ley 243 contra el acoso y violencia política en el país, mujeres dirigentes y lideresas buscan transformar sus organizaciones desde sus bases a través de la adecuación de sus estatutos internos a la norma.

“Todo este proceso es muy importante porque en las organizaciones sociales existe una mentalidad muy patriarcal, excesivamente machista. Lo primero que hacen, cuando ven a compañeras lideresas con fortaleza y capacidad de decisión, es la descalificación, lo cual no sólo les afecta en su entorno político, sino también en lo interno, a nivel familiar”, explica Carola Farell, quien trabaja con la Asociación de Pueblos Indígenas del área urbana de Santa Cruz.

“Mujeres libres de violencia”

Farell fue parte del encuentro “Mujeres libres de violencia” que se realizó el 21 y 22 de mayo en La Paz. Allí, seis organizaciones del país compartieron sus experiencias sobre la adecuación de sus estatutos y reglamentos internos a la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.

“Habernos identificado como mujeres víctimas de violencia política dentro de las diferentes organizaciones a las cuales representamos ya es un paso importante; pero más aún ha sido el transmitir estas experiencias a mujeres de otras organizaciones”, sostiene la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca, Uganda Vedia.

Vedia es parte del comité de mujeres de organizaciones sociales contra el acoso político, integrado por mujeres de La Paz. Cobija, Riberalta, Santa Cruz y Sucre. La entidad trabaja desde el año 2012 impulsando primero la reglamentación de la Ley 243 y, posteriormente, la socialización y seguimiento a la implementación de la misma.

En el encuentro las representantes de organizaciones sociales establecieron un diálogo con la autoridad de la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de Violencia del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), Maysa Ureña, la vicepresidenta del Tribunal Departamental (TDE) de La Paz, Florencia Laruta, y la representante de la Asociación de Concejales de La Paz, Mónica Patxi, para pedir mayor coordinación.

En este marco, las organizaciones sociales instaron a las representantes de organismos estatales, departamentales y municipales a trabajar de manera coordinada y en conjunto el protocolo de atención para las denuncias en el marco de la Ley 243 bajo una articulación plural con un beneficio común: lograr una mayor participación -libre y segura- de mujeres en la política nacional desde sus bases orgánicas.

Estudio: faltan protocolos

El comité aprovechó el encuentro para presentar un estudio que desnuda las problemáticas para la incidencia y aplicación de la Ley 243. El trabajo evidencia la ausencia de mecanismos claros sobre los procedimientos y protocolos para la atención de casos de acoso y violencia política hacia las mujeres, en la que las dirigentes de organizaciones sociales presentan mayor grado de vulneración.

El estudio, que se realizó sobre la base de talleres y reuniones con participación de 90 organizaciones sociales del país, incluyó un diagnóstico de la situación del acceso a la justicia de mujeres de organizaciones sociales, que fue realizado en coordinación con la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de Violencia del VIO.

“Nosotros estamos trabajando como ente rector en un protocolo más amplio a nivel nacional”, asevera Ureña. Precisa que la propuesta del protocolo de atención a denuncias dentro de la Ley 243 está en borrador y está todavía en proceso de revisión.

Para Katherine Illanes, quien es parte del proceso de socialización desde sus inicios, los ministerios de Justicia y Comunicación no deberían limitar sus espacios de socialización de la Ley 243 a las autoridades electas (concejalas y asambleístas). “Las organizaciones sociales también se encuentran en el ámbito de protección de la ley y ésta ha sido una lucha de las mujeres dirigentes. Por otro lado, la capacitación debe ser permanente a los operadores de justicia encargados de recibir y hacer seguimiento a denuncias”, explica.

Añade que para garantizar el acceso rápido y efectivo a la justicia y el procesamiento de denuncia se debe agilizar la aprobación de los protocolos de atención para casos de acoso y violencia política. “Además, el protocolo debe establecer de manera clara que mujeres miembros de una organización social pueden realizar la denuncia por acoso y violencia política”, reitera.

Despatriarcalizar dirigencias

“El trabajo con organizaciones sociales es vital, toda vez que generalmente es en esas instancias en las que una mujer inicia su ejercicio político y hace política. Es un espacio de poder que se ha empezado asumir como mujeres”, indica Vedia sobre el desmontaje del patriarcado estructural que caracteriza a los espacios de toma de decisiones sociales y políticas.

Explica que el acoso político se normaliza en estas plataformas sociales debido a que han sido estructuradas para y por hombres.

“A una mujer se le hace más difícil, pues todos los hombres le empezarán a cuestionar cualquier decisión que vaya a tener sin que les interese que sea buena o mala”, dice Vedia, para quien es fundamental trabajar en los estatutos internos para poder adaptar las prácticas dirigenciales hacia el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones.

Desde la experiencia de trabajo con mujeres indígenas jóvenes y urbanas en Santa Cruz, Farell sabe que el tema de acoso y violencia política va mucho más allá de una normativa. Son derechos plenos en el siglo XXI.

“Las mujeres pueden tomar decisiones autónomas, hablar desde ellas mismas cuando entren en espacios públicos de toma de decisiones. Hemos visto que tienen la fortaleza para exigir e identificar cuáles son las verdaderas demandas desde las necesidades de las mujeres”, resalta.

Estatutos y reglamentos internos

El estudio mostró que tan solo el 14% de las organizaciones encuestadas tienen un mecanismo interno (reglamentos, estatutos) de prevención y atención en casos de acoso y violencia política. En el encuentro seis organizaciones sociales compartieron sus experiencias de incorporar la Ley 243 a sus estatutos

El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT) en el Beni socializó y aprobó su estatuto hace tres meses en una asamblea extraordinaria.

“Ha sido difícil incorporar la Ley 243, pero beneficioso también porque desde ahora va a haber equidad de participación entre hombres y mujeres. Hemos utilizado formas estratégicas para que los compañeros varones entiendan que la participación de las mujeres no es solo necesaria, sino que es fundamental”, dice el presidente de la EMAUT, Marcial Arce.

Resaltó que los cambios deben surgir desde los hogares de los trabajadores. A su parecer ello permitiría que las mujeres se den cuenta que son capaces de ejercer cargos de liderazgos más allá de los roles asignados, “incluso mejor que los hombres”.

El dirigente está convencido que la adecuación de los reglamentos internos en sus estatutos hará que más mujeres lleguen a ejercer cargos dirigenciales con igualdad de oportunidades: “Espero que en un futuro exista una presidenta del sindicato”.

Anel Oliver es parte de la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB). Ella considera que la adecuación de los estatutos y reglamentos internos repercute fuertemente en la representación a futuro de más mujeres en cargos políticos nacionales.

“Influye mucho el no tener una representante mujer por la vulneración de derechos que sufren nuestras hermanas, no se animan. Estamos trabajando en esto para que tengamos como mujeres del norte amazónico una representación, queremos alcanzar esa meta”, precisa Oliver.

En esa línea Farrell señala que se subestima el empoderamiento al cual han llegado varias mujeres de organizaciones sociales.

“Las compañeras se han apropiado de la ley. Es decir que estos derechos le corresponden, ya que son ciudadanas plenas, que son fuertes para asumir responsabilidades dentro de la organización a la que pertenecen”, sostiene Farell . El desafió en la actualidad -sostiene- se encuentra en la aplicación y seguimiento a la normativa vigente.

También compartieron sus experiencias sobre adecuación de estatutos: la Comunidad Huancanipampa, el Sindicato de Trabajadores/as de la Entidad Municipal de Aseo Tarija (STEMAT), el Sindicato de Trabajadores del Servicio Municipal de Aseo Urbano (SEMASUR) Pando y la Comunidad Huaynapata del municipio de Uaycapata.


Mujeres ante el acoso y violencia política

Encuestas El comité de mujeres de organizaciones sociales contra el acoso y violencia política hizo el estudio a través de talleres con 90 organizaciones sociales nacionales. Además de cuestionarios, hubo reuniones plenarias.
Confianza El 82% de las encuestadas coincidieron en la poca confianza que tienen las mujeres en cuanto a garantías de protección en casos de acoso y violencia política.
Problemas Según el estudio, con respecto a la denuncia, las mujeres enfrentan dificultades que van desde la retardación de justicia, burocracia, poco seguimiento, pocos recursos hasta amenazas de los fiscales.
Encuentro El encuentro “Por una vida libre de violencia” fue realizado en La Paz con el apoyo del Programa Urbano de UNITAS y la Fundación Machaqa Amawta.

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