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Gobierno acusa a 15 funcionarios por caso taladros

Gobierno acusa a 15 funcionarios por caso taladros

El Gobierno denunció ayer ante la Fiscalía General del Estado a 16 personas debido a irregularidades detectadas en la contratación de la empresa italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 148 millones de dólares.

"Hemos analizado y valorado las pruebas que se nos hizo llegar y fruto de ese análisis los equipos de transparencia finalmente han encontrado serios indicios de responsabilidad en 16 personas y el día de hoy en Sucre hemos presentado una denuncia”, informó ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce, en la capital del Estado.

De las 16 personas denunciadas, 15 de ellas son funcionarios de YPFB y uno es el representante legal de la empresa italiana en Bolivia, Diego Bergonzi.

El Ministro de Justicia dijo que el memorial presentado, que consta de 50 páginas, establece una acusación a los implicados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

"El análisis que se ha hecho está referido a los procesos, tanto de licitación como de contratación. Fallas que podían haber generado perjuicios al erario nacional, que no se han generado, pero hay la presunción de la comisión de hechos delictivos y de situaciones irregulares en estos dos procesos de licitación y contratación”, sustentó.

Entre los denunciados no figura el presidente de YPFB, Guillermo Achá; no obstante, el Ministro de Justicia le pidió que no interfiera en esta investigación y sólo acuda a las convocatorias que le pueda realizar el Ministerio Público.

Arce sugirió a la estatal YPFB que se analice la manera de disolver el contrato con Drillmec, porque no se puede seguir adelante con una contratación que tiene vicios de nulidad.

Sin embargo, aclaró que no hubo un daño económico porque no se hicieron pagos; y sobre Achá, dijo que se recomendó que se aleje de las investigaciones.

La denuncia ante la Fiscalía General del Estado tiene como base el informe de investigación sobre el proceso de contratación de los taladros, elevado por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.

El pasado 14 de marzo, el jefe de esa unidad, Edmundo Novillo, presentó un documento en el cual se observaron irregularidades y un presunto sobreprecio en la adquisición de las perforadoras.

Se detectó la falta de presentación del documento de constitución de la empresa adjudicada y del registro tributario y se cuestionó que hubiese presentado un poder de operaciones "insuficiente” y sin validez, ya que el mismo no fue elaborado mediante un instrumento público en el país de origen.

También se observó la acción de terceras personas que habrían actuado alrededor del contrato y se recomendó al directorio de la estatal petrolera apartar a Achá de las indagaciones.

Esa instancia luego de analizar el documento y las pruebas adjuntas, decidió remitir la investigación a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público para que sean estas instancias las que determinen responsabilidades.

Se dejó en manos de la presidencia de YPFB la tuición de continuar o no con el contrato.

Posteriormente, el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos denunció que YPFB había enviado información incompleta a la Fiscalía para su análisis, por lo que remitió toda la documentación al Ministerio de Justicia para que realice la denuncia ante el Ministerio Público.




Los observados

Contrataciones Mayra Vásquez, María Elena Aguilera, Mario Dalence y Roxana Nina.
Miembros De la Unidad Solicitante se incluyó en el proceso a David Pérez Alba, José Rejas, Bismarck Serrano, Miguel Ángel Bandeira, Martín Panoso y David Valverde.
Jurídica Se denunció a Julio Cari, Mauricio Bustos y Gisel Siles Roca.
Gerencia Contrataciones , Paola Oporto Ríos.
Dirección Patricio Sosa Suárez, vicepresidente de Administración y Contrataciones.
Particular Diego Bergonzi, representante legal de Drillmec, firma italiana que se adjudicó el contrato.



"Achá debería hacerse a un lado y renunciar”


Punto de Vista
Hugo del Granado Analista en hidrocarburos

"Es un avance importante en el proceso de investigación el que ya se hayan incluido nombres y se haya sentado la denuncia; sin embargo, veo que todos los denunciados son mandos medios y bajos, no se está incluyendo las cabezas, que tenían conocimiento del proceso de contratación.

Por otra parte, es un juicio apresurado el de rescindir el contrato con Drillmec, ya que aún no hay hechos comprobables y esto ocasionaría un daño económico al Estado.

Por otra parte, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, debería estar incluido en la denuncia, ya que es el que supervisa todo el proceso, desde la elaboración del Documento Base de Contratación (DBC) hasta la firma del contrato, por lo que es poco probable que haya dejado pasar estas irregularidades sin darse cuenta.

Cuando el jefe de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, pidió a Achá alejarse de la investigación, mostró que existe una falta de confianza en su persona.

Ahora que el ministro de Justicia, Héctor Arce, pide que se aleje, refuerza ese criterio. Achá debería hacerse a un lado y renunciar para no entorpecer más las investigaciones”.



La oposición critica exclusión del presidente de Yacimientos


El senador opositor (UD) Óscar Ortiz rechazó ayer la decisión del Gobierno de dejar fuera de la denuncia penal por irregularidades en el proceso de adquisición de taladros al presidente de YPFB, Guillermo Achá, que debería apartarse del cargo.

"Con esta decisión se hace patente un modus operandi del Gobierno en los casos de corrupción, culpar a los de abajo y proteger a los de arriba”, criticó.

Ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció en la Fiscalía General a 15 funcionarios de YPFB y a un representante de Drillmec por presuntos hechos irregulares y sobreprecio en el proceso de contratación de dicha empresa italiana para la adquisición de taladros. Sin embargo, dejó fuera al presidente de la estatal petrolera.

"El directorio de YPFB, cuando autorizó el inicio del proceso de compra de los taladros, le encargó específicamente a Achá, como presidente, que sea el responsable de llevar adelante este proceso y velar por el cumplimiento de la normativa. Creo que él debe estar incluido en la denuncia, por ser la máxima autoridad ejecutiva, y no puede seguir siendo presidente de YPFB con tantos indicios de irregularidades”, precisó el legislador de oposición.

La semana pasada, Ortiz presentó ante la Fiscalía una querella contra Achá, debido a las presuntas irregularidades en la compra de tres equipos de perforación de la italiana Drillmec.

Los delitos por los que se acusa al titular de la estatal petrolera son uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

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