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ABC pide a contratistas viajar a España por deudas de Corsán

ABC pide a contratistas viajar a España por deudas de Corsán

La presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, invitó a los subcontratistas que prestaron herramientas y servicios a la empresa española Corsán Corviam a viajar a España para que puedan participar del preconcurso de acreedores al que esa firma se somete.

"Ellos pueden ir a España y participar del preconcurso de acreedores, que es una formalidad que está presentando la empresa para poder cumplir los pagos que tiene con ellos (los acreedores)”, explicó la autoridad en una entrevista realizada por el canal Unitel.

Los perjudicados rechazaron la oferta y buscan reunirse con la autoridad para hacer conocer sus demandas y preocupaciones.

Villegas sostuvo que el plazo de la empresa para reanudar las obras en la carretera finaliza el 20 de abril, de lo contrario se procederá con la ejecución de las boletas de garantía, que ascienden a 33 millones de dólares.

A finales de marzo, Isolux Corsán, casa matriz de Corsán Corviam, acordó acogerse al preconcurso de acreedores para contar con un margen de cuatro meses para negociar con los bancos una inyección de capital de unos 400 millones de euros (425 millones de dólares) que garantice la viabilidad de la compañía y, en último término, evite su concurso.

Los proveedores de Isolux Corsán en España se han agrupado en una plataforma para presionar a la constructora ante los "continuados impagos de las facturas”, que en algunos casos superan un año de retraso, reportó el pasado 31 de marzo el portal eleconomista.es; por otra parte, algunos de los afectados denunciaron que la empresa realizó pagos falsos a proveedores para liberar mercancías retenidas.

Corsán Corvian dejó el país a finales del mes pasado y abandonó los trabajos del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura. En esta última obra, mantiene una deuda de entre 60 y 80 millones de bolivianos con alrededor de 120 contratistas.

El subcontratista Eduardo Barra dijo que viajar a España está fuera del alcance del grueso de los afectados, que en su mayoría son micro y pequeños empresarios, a quienes se les adeuda por seis meses de trabajo.

"Muchos de nosotros apenas podemos pagar un abogado, es imposible que podamos ir a España a participar de este proceso que nos supondría gastos muchísimo mayores a la deuda”, remarcó.

La mañana de ayer, un grupo de subcontratistas protagonizó una marcha en puertas de ABC solicitando una reunión con Villegas.

"La presidenta nos pide que contratemos abogados, que viajemos a España, nosotros queremos reunirnos con ella para poder plantearle nuestra situación, pero ella se resiste a recibirnos”, acotó.

Los afectados además denuncian que su maquinaria y herramientas se encuentran secuestradas en los campamentos, debido a que el control social de las comunidades mantiene estos lugares cerrados en espera de la reanudación de las obras. "No sólo no nos han pagado, sino que no podemos reanudar nuestras actividades porque el control social no dejará salir ni un alfiler de los campamentos hasta que se retome la obra”.

Barra dijo que son 10.000 familias afectadas por deudas que dejó Corsán Corviam en la vía Ixiamas-San Buenaventura.



Los antecedentes

Obras La empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, se adjudicó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura por 136,9 millones de dólares. Presentó boletas de garantía por 235,6 millones de bolivianos, vigentes hasta 2019.
Hidroeléctrica En 2014 la compañía extranjera también se adjudicó la construcción de la hidroeléctrica de Miguillas por 397,9 millones de dólares. Sus boletas de garantía ascienden a los 177 millones de dólares.
Proceso De acuerdo con investigaciones periodísticas publicada en medios españoles, la casa matriz de Corsán Corviam, Isolux, es investigada en al menos 13 países por pago de sobornos, uso de influencias y retrasos en sus obras.

Morales afirma que abandono hace perder el tiempo al Estado



El presidente, Evo Morales, afirmó ayer en una conferencia de prensa que el abandono de obras por parte de la empresa Corsán Corviam no genera un daño económico al Estado, sin embargo, representa una pérdida de tiempo que retrasará la entrega de las obras.

"El Estado, ni el tema de hidrocarburos ni en el tema de construcción de caminos va a perder económicamente, pero sí vamos a perder tiempo en encontrar a otras empresas vamos a perder el tiempo”, lamentó Morales.

Por otra parte, el mandatario informó que se procederá a ejecutar las boletas de garantía de la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, consorcio que abandonó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas, en el departamento de La Paz.

La empresa española se fue del país a principios de mes y dejó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas. La primera obra tiene un costo de 136,9 millones de dólares y la segunda de 397,5 millones de dólares.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, señaló días después que el Gobierno tenía la intención de ejecutar las boletas de garantía por la construcción de la hidroeléctrica, ya que la empresa presentaba serios retrasos y había abandonado la obra, si la misma no reanudaba los trabajos para el 16 de abril.

Estas boletas ascienden a 117 millones de dólares.

En el caso de la carretera, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras, Noemí Villegas, confirmó el abandono de las obras y dio a la empresa un plazo de 15 días para retomar los trabajos, plazo que se cumple este jueves, de lo contrario se tomarían acciones legales.

Esto incluyen la resolución del contrato, cobro de multas y de las boletas de garantía por 33 millones de bolivianos.

La empresa española tiene presencia en 35 países y emplea a 5.236 trabajadores. Sin embargo, tiene observaciones en proyectos que se adjudicó en países de África, Asia y Latinoamérica.



Senador denuncia posible tráfico de influencias

El senador opositor Yerko Núñez (UD) denunció ayer un presunto tráfico de influencias y corrupción de la empresa española Corsán Corviam, en la adjudicación de la construcción de la hidroeléctrica Miguillas. El legislador indicó que ya se envió la información correspondiente al Ministerio Público.

"Queremos hacer pública una denuncia de posible tráfico de influencia y corrupción que sucede en el país de parte de la empresa Corsán, que tiene cuatro obras adjudicadas en el país, dos que fueron concluidas, pero que se caen a pedazos y dos que abandonó”, señaló.

El legislador explicó que en 2016 se conoció que el contrato de prestación de servicios que firma el grupo de abogados Torres Bejarano y Asociados y la empresa Corsán establecía que si la española se adjudicaba el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, cuyo costo es de 397,9 millones de dólares, entregaría 3,5%, equivalente a 13,5 millones de dólares a los abogados.

Dijo que se pidió los antecedentes de las dos personas que firman el documento y se observó que tanto el abogado como el director de la empresa Corsán tienen tres procesos penales.

También se detectó que la empresa española incumplió con ese bufete de abogados y, por tanto, se estableció un proceso por estafa.

Según Núñez, con ese proceso se pretende conocer cuáles son las conexiones que tiene el grupo de abogados con algunos ministerios, tomando en cuenta que una de las cláusulas del convenio habla de usar "sus contactos para la adjudicación”.

Corsán Corviam abandonó la construcción de la planta hidroeléctrica de Miguillas, razón por la que se advirtió que se ejecutarán las boletas de garantía si no retoma el cronograma de trabajo.

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