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Tras Porvenir exigen celeridad para los casos Caranavi y otros

Tras Porvenir exigen celeridad para los casos Caranavi y otros

Después de la sentencia contra el exprefecto pandino Leopoldo Fernández por el caso Porvenir, legisladores de oposición y juristas exigen a las autoridades judiciales reactivar los casos Calancha, Caranavi, Chaparina y otros en los que autoridades del Gobierno fueron denunciadas.

"Más allá de la responsabilidad de Fernández, que no es ningún santo, en eso tenemos que ser claros porque la derecha actuaba mediante estos caballeros. Lo que llama la atención es que casos similares como Caranavi están en total impunidad pese a que hubo dos muertos; uno de los directos responsables es el exministro Sacha Llorenti, apadrinado por el vicepresidente Álvaro García Linera; en ese contexto la justicia también debería avanzar”, reclamó el constitucionalista William Bascopé.

El jurista Karlo Brito, quien forma parte de la defensa de Leopoldo Fernández, pidió justicia para Luis Antonio Rivero, el pastor evangélico de 54 años que murió durante la toma militar del aeropuerto de Cobija Aníbal Arab en septiembre de 2008.

"A Rivero lo mataron los militares. Recibió un disparo en la cabeza. La viuda indicó al Tribunal de Sentencia, en la audiencia conclusiva del juicio, que ella no inició ningún juicio porque recibió amenazas de parte del Gobierno”, relató el abogado.

Rafael Quispe, diputado y exdirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), demandó también a la Fiscalía que reactive la investigación por la violenta represión a los indígenas en Chaparina.

El asambleísta suspendido informó que después de seis años del caso Chaparina, septiembre de 2011, la Fiscalía no identificó a los autores de los abusos.

"Hemos mostrado documentos, la norma dice que la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) es la responsable, en este caso Sacha Llorenti, quien fue premiado como embajador ante las Naciones Unidas”, reclamó.

Otro caso en el que autoridades de Gobierno fueron denunciados es La Calancha. En este proceso se espera una autorización de la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades contra un exministro y exjefes militares, pero el MAS tiene mayoría.

A ello se suman los cuatro cooperativistas mineros que fallecieron por disparos de arma de fuego en enfrentamiento con la Policía en agosto de 2016.

La Fiscalía ordenó la captura de los supuestos asesinos del viceministro Rodolfo Illanes; sin embargo, no hay detenidos por la muerte de los cooperativistas.

El abogado Bascopé sostuvo que esta es una prueba de cómo el poder político "continúa manoseando” el sistema judicial.

El jefe de bancada del MAS, David Ramos, indicó que el caso Porvenir "tiene connotaciones políticas” que derivaron en acontecimientos como "desobediencia, sedición y desestabilización del Gobierno”.

"Sabemos que hoy está en tela de juicio el procedimiento de la justicia” lamentó y anunció que la Asamblea hará seguimiento a los casos para que exista un esclarecimiento.




Algunos casos

La Calancha En la movilización en Sucre contra la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en noviembre de 2007, tres personas murieron por disparos.
Caranavi Dos personas fallecieron en mayo de 2010, cuando la Policía desbloqueó la vía que une con La Paz. En la actualidad aún no hay imputación en la causa.
Chaparina La marcha indígena en defensa del TIPNIS fue intervenida por la Policía el 25 de septiembre de 2011.
Cochabamba El 11 de enero de 2007, fallecieron tres personas Cristian Urresti (17 años) y dos cocaleros en un enfrentamiento con campesinos cuando éstos intentaban tomar la Prefectura administrada entonces por Manfred Reyes.

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