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Tribunal de Mujeres contra la impunidad inicia sesiones con el caso del asesinato de la ex concejala Juana Quispe

Tribunal de Mujeres contra la impunidad inicia sesiones con el caso del asesinato de la ex concejala Juana Quispe

La Paz - Bolivia.- El asesinato de la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, será el caso que este lunes 30 de noviembre, tratará en su primera sesión, el Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad, una herramienta del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, que fue promovido por la Defensoría del Pueblo y organizaciones y activistas por los derechos de la mujer.
De esta sesión que, ha sido programada para las 9 de la mañana y que se desarrollará en el auditorio de la institución defensorial, participarán expertos y expertas en el tema como Julieta Montaño, abogada y defensora de los derechos humanos y fundadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la periodista y activista Lucia Sauma y una representante de ACOBOL, además de familiares de la víctimas y la abogada Valquiria Lira, quienes darán a conocer el avance de la investigación desde que esta comenzó en marzo de 2012, cuando la ex autoridad edil fue encontrada asesinada en inmediaciones del rio Orkojawira en la ciudad de El Alto. Asimismo considerará el avance, los resultados y las acciones de funcionarios que interfirieron dando lugar a la impunidad o retardación de justicia.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que han sido convocados para participar en esta primera sesión, representantes de los Órganos Judicial y Ejecutivo, la Policía Boliviana, Ministerio Público, organizaciones sociales y activistas de derechos humanos y de los derechos de la mujeres, ante quienes, tras una argumentación sobre la vulneración de derechos, se emitirá una sanción ética- social por la impunidad en la que se ha desarrollado este caso y muchos otros de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, violencia, física, sexual, sicológica y/o acoso político.
El Tribunal de las mujeres contra la impunidad, que orientará su accionar bajo el principio constitucional que los delitos cometidos contra los derechos humanos en estado de derecho no prescriben, tiene la finalidad de mostrar a la sociedad boliviana las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres, e ilegalidades que se han presentado en el juzgamiento de hechos contra la violencia feminicida, acoso y violencia política. Asimismo, a partir del análisis de casos concretos, pretende identificar a los funcionarios y funcionarias que, hayan tenido intervención directa en los casos y que, por su acción u omisión, causaron impunidad, denegación o retardación de justicia a las mujeres.
El Tribunal de las mujeres emitirá una Resolución ético, moral y social, identificando los derechos vulnerados que debieran ser objeto de denuncias en contra del Estado y será entregada a las organizaciones de derechos humanos de las mujeres, a la opinión pública, al Ministerio de Justicia como cabeza de sector, otras carteras de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que se puedan conocer el estado de deterioro del acceso a la justicia, así como las recomendaciones, relativas a revertir el estado de impunidad en que decenas de casos han quedado.
"El Tribunal valorará todos los indicios conducentes al establecimiento de la verdad histórica de los derechos vulnerados en la averiguación de la verdad material y el tratamiento de las pruebas y del procedimiento - de competencia del sistema judicial -, a fin de poner en evidencia las vulneraciones de los derechos de las mujeres, aún cuando estos elementos no hayan sido propuestos inicialmente," acotó el Defensor. Señaló asimismo que esta instancia busca conocer los casos que encontrándose en un proceso judicial, o cuando el mismo ya haya concluido, y previa revisión de los antecedentes, se evidencie los hechos de vulneraciones de derechos de mujeres víctimas de violencia y/o sus familiares.
Esta instancia de la sociedad, basa sus actuaciones en la función del Estado que, concibe que la transgresión a los derechos humanos no prescribe, y por otra parte prevé el control y participación social, facultando al pueblo soberano, ejercer el control social a la gestión pública, en todos los niveles del Estado con base a la Ley Nº 341 que, establece entre sus fines, consolidar la Participación y Control Social como elementos transversales y continuos de la gestión pública.
"De acuerdo al seguimiento que hace la Defensoría del Pueblo a los casos de feminicidio, se tiene contabilizados 108 casos de mujeres de diferentes edades, cuyas vidas han sido truncadas de manera brutal, muertes que han dejado a niñas, niños y adolescentes en la orfandad e indefensión con la secuela de dolor y llanto y el peregrinar de sus familias en busca de una justicia y de un juicio justo que tarda en exceso, y a veces nunca llega ", remarcó el Defensor del Pueblo.
“Al evidenciarse la existencia de vulneraciones a los derechos de las mujeres se establece una condena ética moral que, se sustenta en demostrar que el Estado a partir de sus diferentes Órganos, ha incurrido en violaciones de derechos consagrados en la Constitución y la normativa internacional, relativas a los derechos humanos; ya sea por acción u omisión perpetradas por diferentes funcionarios públicos del sistema judicial, a quienes también se los identificará como corresponsables de la denegación y/o retardación de justicia que, han culminado cerrándoles el paso a la reparación efectiva de los derechos vulnerados de las mujeres”, manifestó.
Juana Quispe Apaza, concejala del Municipio de Ancoraimes, Provincia Omasuyos, del Departamento de La Paz, tenía 43 años cuando fue estrangulada y su cuerpo encontrado en inmediaciones de un río de la ciudad de El Alto. No obstante haber sido elegida concejala, durante 20 meses, dirigentes y los otros concejales varones le impidieron ejercer su cargo, ordenándola a que más bien se limite a atenderles en menesteres domésticos. Luego de interponer la víctima dos recursos de amparo contra todos los concejales y el Alcalde, denunciando abusos y violencia, se la prohíbe el ingreso a las reuniones del órgano deliberante. Frente a esta situación la justicia le dio la razón, pero sin el rigor coercitivo que la normativa le otorga; un mes después fue encontrada muerta.

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