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El descrédito de la justicia comunitaria en Bolivia

El descrédito de la justicia comunitaria  en Bolivia

A mí que no me la cuenten. Están haciendo aguas los conceptos prejuiciosos, por no decir racistas al revés, que han dado sustento a la tan mentada justicia comunitaria. Se desenmascara el sesgo condescendiente de otro régimen populista que para obtener respaldos políticos, se acomoda de dientes para afuera a usos o costumbres indígenas. Se diluye el sesgo de la contemporización de gringos y culitos blancos que se amoldan por bondad o romanticismo al gusto y voluntad de idealizados “buenos salvajes”.

No es porque ahora irán a la cárcel, ¿se enteraron?, quienes increpen con un ¡t’ara!, ¡k’ara!, ¡colla!, ¡camba! acompañado del infaltable “¡‘e mierda!”, o cualquier otro improperio que pudiera tildarse de racista, algo común en las intersecciones de calles atestadas de chóferes recién llegados del campo, que poco saben de frenos, menos de luces de giro y nada de derechos de vía. Claro, compran las licencias de conducir y siguen el ejemplo del Presidente Morales y su atropellador “le meto nomás”.

El naufragio principal ocurre en la condescendiente Constitución de La Calancha, que introduce un apartheid de hecho, sesgado a favor de los llamados “originarios”, con la vigencia de un sistema jurídico paralelo basado en “usos y costumbres”: la denominada justicia comunitaria. Tal engendro jurídico se pavonea en las “republiquetas” de acceso restringido y aguado imperio de la ley: apadrina a contrabandistas en el altiplano, resguarda a cocaleros en el Chapare y protege a cocaineros en el Valle Alto. Afloró impune en crímenes en Ayo Ayo, Ivirgarzama, Pila Witu, Sacaba, Epizana, Achacachi y Huarina. Menos mal que no está vigente la costumbre de beber en la calavera de tu enemigo, aunque no sorprendería que alguna comunidad adoptase tal ritual como parte de la sabiduría ancestral en una de las 36 naciones “originarias” de Bolivia. La más reciente muestra del mamotreto jurídico de la justicia comunitaria es el linchamiento de cuatro policías en los ayllus adyacentes a la población de Uncía, Potosí.

¿Qué es lo deplorable en semejante abominación jurisprudencial? Uno, atenta contra el principio universal de la igualdad de las personas ante la Ley. Dos, plantea ridículos conflictos de competencia entre dos esferas de aplicación de la justicia: la de la Ley común y la de los “usos y costumbres” de los “originarios”. En estos últimos, como en los orates en los manicomios, no son todos los que están ni están todos los que son.

La penumbra de la inseguridad jurídica ha vuelto cosa de cada día a los abusos, atropellos y asesinatos: castigos con latigazos, asaltos e incendios por turbas enardecidas y linchamientos salvajes. De estos últimos no pasa semana sin que ocurra uno, a veces con cobertura en vivo y directo de noticieros ávidos de ratings, que insensibilizan a los televidentes a la barbarie y al sufrimiento ajeno.

El descrédito de la justicia comunitaria apunta a que todos los seres humanos somos hechos de la misma masa, por no decir mierda. El menoscabo del racismo es cosa de partir de esa premisa y contener los sesgos que contaminan a las personas. Porque parafraseando a Silvio Rodríguez, los humanos –cobrizos, blancos, negros, amarillos, mestizos– somos un amasijo de complejos que nutren prejuicios, una cantera de miedos deformados en racismos, un revoltijo de intereses egoístas así fueran ilegales o atentatorios de los derechos de otros. Si como dijo Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”, la vigencia y la aplicación de la ley son la brida y el freno que contienen los abusos de unos en desmedro de otros.

¿Qué hay detrás de la justicia comunitaria como sistema jurídico paralelo? Pues al debilitar la vigencia de las leyes y asfixiar a los administradores de justicia, crea un mecanismo represivo al servicio del partido de gobierno para arremeter contra sus opositores, dice un reportaje de la revista brasileña “Veja”. Cita el asalto e incendio de la casa del ex vicepresidente Cárdenas, un verdadero indígena aimara, por turbas gobiernistas enardecidas por el alcohol; el escamoteo de la victoria electoral del opositor que ganó la alcaldía de Achocalla; la chicoteada a Marcial Fabricano hasta dejarlo casi muerto; los impedimentos en las elecciones a los desgajamientos indígenas del partido de gobierno. Los indios son usados para hacer marchas a favor de Evo Morales; son reprimidos si intentan seguir caminos independientes, dice Lino Villca, antes senador gobiernista.

Véase el tránsito de ángel a demonio del Movimiento Sin Miedo (MSM), antes aliado adulado del gobierno, hoy vilipendiado e impedido por militares aliados del régimen de concluir una importante obra en beneficio de La Paz. Si no es por separatismo, terrorismo, desacato o patear al perro, ¿será que por no levantar el puño izquierdo y poner la mano derecha al corazón en Sucre, que los gobernadores opositores serán puestos en cuarentena o en la cárcel? Los linchadores de Uncía ni acceden al gesto humanitario, que hasta en las guerras se respeta, de devolver los cadáveres a los familiares, a menos que no se investigue el crimen y se acepte el fuero de la justicia comunitaria. Con razón hablan de una Bolivia sin ley.

Así como detrás de los crímenes de hace algún tiempo en Epizana hubo oscuras ligazones con el narcotráfico, en recientes linchamientos de cuatro policías en Uncía hay sórdidos trasfondos de contrabando y tráfico de ilícitos. Ligados ambos a los atropellos del gobierno a nombre de un falso indigenismo, cualquiera pudiera concluir que narcotraficantes, contrabandistas y montoneros gobiernistas endiosados como “movimientos sociales”, parecen haber encontrado en la sesgada justicia comunitaria un paraguas común que les resguarda de la lluvia de la ley y les asegura impunidad.
Por: Winston Estremadoiro
Tomado de Correo del Sur

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